Régimen sancionatorio y sus faltas en el ejercicio de la profesión de abogado en el departamento del Cesar 2015-2018
Material type:
Computer fileLanguage: SPA Series: DerechoPublisher: Valledupar Universidad de Santander 2018Description: 88 p. CD. ElectrónicoOther classification: T 29.18 Online resources: Disponible en Repositorio Institucional – Hemeroteca Dissertation note: Facultad de Ciencias Sociales, Políticas y Humanas - Derecho /
Abogado /
Universidad de Santander / 2018. Summary: El propósito del estudio fue analizar las sanciones y faltas establecidas para el ejercicio de la profesión de abogado en el Departamento del Cesar. Se sustentó en autores como Patiño (2017), Vila (2013), Monroy (2015), entre otros, además literaturas de Colegios y Federaciones de Colegios de abogados colombianos; con un paradigma cualitativo, tipo de estudio documental analítico, con diseño bibliográfico, y técnica de observación directa sobre la lectura referencial recopilada, un análisis de contenido para la interpretación de los referentes conceptuales desarrollados. Se localizaron debilidades como la falta de principios éticos, recomendándose establecer principios desde una mirada deontológica y ontológica.
Lo que muestra hoy la estructura judicial en Colombia es precisamente, conductas reprochables por parte de algunas personas que se acreditan con tarjetas profesionales de abogados, aunque su rol sea como funcionarios del sistema judicial, pero que, sin embargo, no dejan de ser abogados. En tal sentido, ha de enfatizarse a demás, que en Colombia se habla mucho de la crisis de la justicia y de las instituciones, pero en menos intensidad se hace referencia a la crisis de la profesión jurídica, carente de valores humanos, personales, sociales, en muchos casos, que les lleva a producir estados de indefensión de los clientes, y a lograr resultados que atentan contra el deber ser de “servicio” de la profesión.
La problemática surge entonces, de la crisis moral de la justicia que vive la Nación por cuenta de los actos ilícitos de magistrados, jueces y abogados hacen que el ejercicio judicial se vea como transacciones de favores políticos y dinero, lo que pudiera convertir la profesión en una mera posibilidad de riqueza y no como una profesión de servicio social, conforme al deber ser de la deontología jurídica; situación a la que no escapa el departamento del Cesar.
| Item type | Current location | Collection | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode | Item holds |
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Trabajos de Grado
|
Biblioteca UDES- Valledupar | Colección de Monografías y Trabajos de Grado | T 29.18 R234 (Browse shelf) | Ej.1 | Not for loan | V10104 |
Incluye bibliografía
Facultad de Ciencias Sociales, Políticas y Humanas - Derecho /
Abogado /
Universidad de Santander / 2018.
El propósito del estudio fue analizar las sanciones y faltas establecidas para el ejercicio de la profesión de abogado en el Departamento del Cesar. Se sustentó en autores como Patiño (2017), Vila (2013), Monroy (2015), entre otros, además literaturas de Colegios y Federaciones de Colegios de abogados colombianos; con un paradigma cualitativo, tipo de estudio documental analítico, con diseño bibliográfico, y técnica de observación directa sobre la lectura referencial recopilada, un análisis de contenido para la interpretación de los referentes conceptuales desarrollados. Se localizaron debilidades como la falta de principios éticos, recomendándose establecer principios desde una mirada deontológica y ontológica.
Lo que muestra hoy la estructura judicial en Colombia es precisamente, conductas reprochables por parte de algunas personas que se acreditan con tarjetas profesionales de abogados, aunque su rol sea como funcionarios del sistema judicial, pero que, sin embargo, no dejan de ser abogados. En tal sentido, ha de enfatizarse a demás, que en Colombia se habla mucho de la crisis de la justicia y de las instituciones, pero en menos intensidad se hace referencia a la crisis de la profesión jurídica, carente de valores humanos, personales, sociales, en muchos casos, que les lleva a producir estados de indefensión de los clientes, y a lograr resultados que atentan contra el deber ser de “servicio” de la profesión.
La problemática surge entonces, de la crisis moral de la justicia que vive la Nación por cuenta de los actos ilícitos de magistrados, jueces y abogados hacen que el ejercicio judicial se vea como transacciones de favores políticos y dinero, lo que pudiera convertir la profesión en una mera posibilidad de riqueza y no como una profesión de servicio social, conforme al deber ser de la deontología jurídica; situación a la que no escapa el departamento del Cesar.
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