Finalidad protectora, educativa y restaurativa del centro de formación juvenil en Valledupar – Colombia
Material type:
TextLanguage: SPA Publisher: Valledupar: Universidad de Santander, UDES, 2018Description: 64 p. CDOther classification: T 29.18 Online resources: Disponible en Repositorio Institucional – Hemeroteca Dissertation note: Facultad de Ciencias Sociales, Políticas y Humanas- Programa de Derecho
Abogado
Universidad de Santander, UDES – Campus Valledupar
2018 Summary: La Ley 1098 de 2006, conocida como la ley de infancia y adolescencia reconoce a los niños, niñas y adolescentes todos los derechos consagrados en los tratados internacionales, decretos, leyes, además de la constitución nacional. Por otro lado también posee las sanciones para los jóvenes que cometen conductas delictivas donde su principal razón de ser es el carácter pedagógico en las mismas.
La finalidad de las sanciones de acuerdo con el artículo 178 consiste en la protección, educación y restauración de los adolescentes que cometen una conducta punible, logrando así, una resocialización que evite caer en las reincidencias. Las sanciones en materia penal para adolescentes se manejan dependiendo del tipo de delito que haya cometido, además de la edad que posea el mismo, esto en atención a lo descrito por el legislador.
De acuerdo con el documento Conpes 3629 de 2009, el sistema de responsabilidad penal para adolescentes (SRPA), desarrolla dos procesos; un proceso judicial y otro de restablecimiento de derechos, lo cual implica que además de ser un sistema en el que se establezca la responsabilidad penal de los adolescentes en conductas delictivas, también se debe garantizar el pleno ejercicio de sus derechos. Asimismo en Colombia las entidades que hacen parte de estos procesos son: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Seccional de Infancia y Adolescencia de la Policía Nacional de Colombia, la Rama Judicial, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la Defensoría del Pueblo, Comisarías de Familia, alcaldías y gobernaciones, Fiscalía General de la Nación, Inspecciones de Policía, Defensorías de Familia del ICBF.
| Item type | Current location | Collection | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode | Item holds |
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Trabajos de Grado
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Biblioteca UDES- Valledupar | Colección de Monografías y Trabajos de Grado | T 29.18 T327f (Browse shelf) | Ej.1 | Not for loan | V10103 |
Incluye bibliografia
Facultad de Ciencias Sociales, Políticas y Humanas- Programa de Derecho
Abogado
Universidad de Santander, UDES – Campus Valledupar
2018
La Ley 1098 de 2006, conocida como la ley de infancia y adolescencia reconoce a los niños, niñas y adolescentes todos los derechos consagrados en los tratados internacionales, decretos, leyes, además de la constitución nacional. Por otro lado también posee las sanciones para los jóvenes que cometen conductas delictivas donde su principal razón de ser es el carácter pedagógico en las mismas.
La finalidad de las sanciones de acuerdo con el artículo 178 consiste en la protección, educación y restauración de los adolescentes que cometen una conducta punible, logrando así, una resocialización que evite caer en las reincidencias. Las sanciones en materia penal para adolescentes se manejan dependiendo del tipo de delito que haya cometido, además de la edad que posea el mismo, esto en atención a lo descrito por el legislador.
De acuerdo con el documento Conpes 3629 de 2009, el sistema de responsabilidad penal para adolescentes (SRPA), desarrolla dos procesos; un proceso judicial y otro de restablecimiento de derechos, lo cual implica que además de ser un sistema en el que se establezca la responsabilidad penal de los adolescentes en conductas delictivas, también se debe garantizar el pleno ejercicio de sus derechos. Asimismo en Colombia las entidades que hacen parte de estos procesos son: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Seccional de Infancia y Adolescencia de la Policía Nacional de Colombia, la Rama Judicial, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la Defensoría del Pueblo, Comisarías de Familia, alcaldías y gobernaciones, Fiscalía General de la Nación, Inspecciones de Policía, Defensorías de Familia del ICBF.
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